Sin ley no hay civilización

Aunque lleva algunos meses entre nosotros, el debate al que voy a hacer referencia en este post se ha instalado entre nosotros especialmente en el pasado verano y está alcanzando su máximo apogeo con -cómo no- los acontecimientos de Catalunya y el anunciado intento de Referendum del ya famoso 1 de Octubre.

Me estoy refiriendo a lo que algunos llevan algún tiempo intentando vendernos como una disyuntiva entre “democracia vs ley”, como si ambas fuesen ya no incompatibles, sino incluso opuestas. Un falso dilema tras el cual se esconde algo mucho más inquietante para la convivencia e incluso para el modelo de civilización que nos ha costado siglos conquistar, en el que las leyes, y no la fuerza, el dinero o la clase social son las que garantizan la igualdad entre todas las personas.

Ya desde hace algún tiempo, uno de los mantras de la llamada “nueva política” ha sido contraponer el poder popular, “la gente”®, a las instituciones de representación elegidas democráticamente mediante sistemas electorales absolutamente transparentes y contrastados. El resultado de una votación democrática podía ser obviado si a quienes no les gustaba el mismo consideraban que era contraproducente para el llamado “bien común” que, curiosamente, siempre coincidía con su discurso y sus propuestas. Pero claro, el “que no, que no nos representan” duró lo que tardaron en llegar esos movimientos, ya constituidos en Partidos políticos, a las Instituciones, a los parlamentos, a los ayuntamientos. Ahora sí que el sistema era bueno y válido, porque quienes refractaban de él eran parte del mismo, y su presencia los homologaba como democráticamente justos. Tal era así que movimientos como “Juventud sin futuro” o “El patio maravillas” se disolvían al no tener ya razón de ser, porque sus miembros habían encontrado acomodo (y nómina) en las instituciones otrora inaceptables.

Pasada esa pantalla, y a la vista de que la realidad era dura como el granito y casi todo lo que se había prometido era de muy difícil cumplimiento (acabar con desahucios, bajar alquileres, consultas para todo, etc…) llegó el momento de buscar un nuevo enemigo. Y lo encontraron en un lugar en el que algunos, como los movimientos independentistas, ya llevaban años instalados: el cumplimiento de la Ley. Según esta nueva teoría, una Ley puede no cumplirse, o, en todo caso, se está eximido de su cumplimiento, si “la gente”® considera que dicha ley es injusta o no responde a nuestras expectativas vitales. Para ellos, que haya un sistema Judicial que garantice el cumplimiento de las leyes, unos sistemas de revisión de Sentencias, de Recursos, de Tribunales de Apelación, es lo de menos. Lo importante es si la Ley ad hoc en cada caso me conviene o no, y en función de la misma exigir su cumplimiento (ej.: obligación de pagar los impuestos) o decir que no nos representa.

Planteada la premisa, ahora se trata de ir acomodándola al caso que más nos interese. Un ejemplo más de ello ha sido el llamado “caso Juana Rivas”, cuyos detalles son sobradamente conocidos. Un mes de agosto entero hemos tenido que oír que las leyes, las Sentencias e incluso los Convenios de La Haya eran papel mojado ante el amor de una madre hacia sus hijos, cosa que nadie discutía. ¿Que se estaban incumpliendo leyes y sentencias? Nada importaba si la causa era noble. ¿Que el supuesto “asesoramiento legal” estaba siendo perjudicial para los propios intereses de la afectada? Quedaba redimido por unos aplausos en la puerta de un Juzgado. ¿Que había informes psicosociales, exploraciones judiciales a los menores por juezas que resolvieron el asunto? Qué sabrán ellas, si nosotros hemos leído un par de comentarios en Facebook al respecto y ya tenemos una opinión bien formada al respecto…Y así todo; con el nefasto (y previsible) resultado que hemos podido ver: una madre sin sus hijos, sin su custodia e imputada por incumplir resoluciones judiciales.

Y en esas estábamos, cuando llegó la movida catalana, con más de la misma medicina: cualquier norma, incluida la Constitución Española y todo el sistema y organigrama normativo y judicial del que nos hemos dotado no sirve de nada si la gente® quiere otra cosa. Es inútil decirles que las leyes se derogan, se modifican o se cambian con otras leyes. Que en democracia hay unos procedimientos que deben cumplirse y unas mayorías democráticas que son necesarias para que, precisamente, las minorías, no queden aplastadas.

Y lo peor de todo es que es la supuesta izquierda más pura, esa “true left” de nuevo cuño la que nos ha traído este discurso, olvidando que precisamente es la ley la que protege al más débil del abuso del poderoso. Que la obligación de someterse al imperio de la ley es lo que hace que el más rico no aplaste al más humilde. Que cuando necesitamos un trasplante no sea la altura de la cuna en que nacimos lo que nos otorgue la prioridad, sino una ley de trasplantes que establece el orden de prelación con criterios objetivos. Que en una autopista no sea la cilindrada ni los caballos de nuestro coche lo que delimite la velocidad a la que ir, sino una ley de tráfico que marca los límites y las sanciones por inclumplirlas.

 

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Según el Secretario General de Sortu, el sr. Arnaldo Otegi, primero van los deseos de la gente®, y luego ya, si eso, las leyes detrás. Pero él olvida que son precisamente las leyes las que impiden -afortunadamente- que a un delincuente o a un asesino les linchen, o los familiares de las víctimas se tomen la justicia por su mano tras un atentado en el que mueren decenas o cientos -o una sola- de personas. Las leyes permiten la reinserción de quienes han estado durante años en la cárcel, y que, una vez cumplida su pena, tengan el derecho a recuperar su total condición de ciudadano, con sus prerrogativas y obligaciones, claro.

Las leyes permiten y garantizan que nadie sea discriminado (so pena de castigo) por su raza, condición sexual, identidad, credo o ideología. Las leyes obligan a pagar impuestos a muchos de quienes nunca lo harían voluntariamente, pudiendo así construir hospitales, carreteras, hacer VPO o colegios públicos. Las leyes impiden que se abuse de menores, las agresiones sexuales o el acoso. Las leyes dan cobertura social a quienes más lo necesitan y procuran la cohesión social de la ciudadanía.

Y sí…las leyes no son perfectas. De hecho, casi a diario hay sentencias de Tribunales que anulan artículos, e incluso textos completos de una Ley si no cumple con con otras de rango superior. Pero es que eso también es la ley: garantizar que una ley debe cumplir con las demás leyes, y ser compatible con ellas. Si la ley no nos gusta, o hay una mayoría social que quiere cambiarla, debe elegir representantes democráticos que cambien esas leyes en los parlamentos con las mayorías correspondientes en cada caso. En eso consiste la democracia representativa. Porque, de lo contrario, cada cual hará lo que considere oportuno en cada momento sin hacer caso a la ley, volviendo a tiempos muy oscuros que hemos dejado atrás.

Sin ley no hay civilización. Y sin civilización, barbarie y abuso del más débil.

 

 

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DemocraGamonalcia

En la pasada legislatura del Ayuntamiento de San Sebastián, gobernaba la ciudad una mayoría compuesta por PSE-EE y la coalición Aralar-Alternatiba. Entre ambas fuerzas políticas (tres, en realidad) sumábamos 14 votos, es decir, la mayoría absoluta del Pleno Municipal (27). Teníamos, por lo tanto, la legitimidad democrática que emana de las urnas para desarrollar el programa de gobierno y las cuestiones que fuesen surgiendo en el día a día, muchas veces imprevisible.

Durante dicha Legislatura, al igual que en otras anteriores, se dieron diferentes circunstancias en las que, la idea original para llevar a cabo un determinado proyecto del Gobierno Municipal, se modificó o quedó directamente relegada por peticiones u oposición vecinal. La más conocida fue la de las luces de Navidad, pero se produjeron otras de calado importante, como cambios de ubicaciones de escaleras mecánicas y la más significativa, un ascensor que se iba a realizar en una zona del barrio de Altza (Elizasu) y que, con los muros de contención ya construidos, se decidió no construir por la oposición vecinal. Y, por citar un último ejemplo aun más reciente: el Pleno Municipal, por unanimidad, propuso el nombre de Plaza Nelson Mandela a una Plaza en el nuevo S. Bartolomé. Los vecinos recogieron firmas en contra de esa decisión y se renombró la Pza. con el nombre que ellos proponían, el de Arroka.

Los casos mencionados (y muchísimos más que podría poner), creo que ejemplifican de manera esclarecedora que una acción de gobierno no puede permanecer ajena, ni siquiera teniendo una mayoría absoluta, a las peticiones y reclamaciones vecinales. Una votación cada 4 años no es un salvoconducto para pasarlos sin escuchar ni atender la opinión de quienes han votado, e incluso de los que no. Es un mandato de confianza, una delegación de la capacidad de decisión democrática que la ciudadanía hace a la política para organizar la administración de los asuntos públicos (la “res publica”) durante un tiempo determinado.

Sin aprobar, por supuesto, el uso de la violencia o las amenazas para llevar a cabo una reivindicación, por muy justa que esta pueda ser, confieso mi sorpresa por la torpeza y desdén del Gobierno Municipal de Burgos, con el Alcalde a su cabeza, ante esta situación. No hay nada que justifique ni ningún impedimento legal que lo evite, la reconsideración del proyecto y la negociación con los vecinos que se oponen al mismo. ¿Qué sentido tiene hacer un proyecto contra el cual están aquellas personas a las cuales se supone que va destinado? Añadamos a ello un medio de comunicación local directamente implicado económicamente en que el proyecto salga adelante y una situación social angustiosa de crisis en un barrio modesto y trabajador para que tengamos sobre la mesa un cocktail explosivo, dicho sea sin segundas intenciones.

Ahora bien, este análisis no quedaría completo si no pusiésemos de relieve un elemento que no me parece, en absoluto, menor: el Partido que gobierna, en este caso el Partido Popular, GANÓ con mayoría absoluta en Burgos y también en el barrio que ahora se manifiesta contra él, el propio Gamonal. Y -esto es lo más destacable- lo hizo LLEVANDO EN SU PROGRAMA ELECTORAL la transformación del ya famoso Boulevard que ahora los vecinos quieren impedir. He aquí la imágen del mismo en la que hace referencia a este asunto:

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Dicho de otro modo, el PP, que desde luego a nivel estatal está incumpliendo a diario y de manera grave su programa electoral, sin embargo sí está llevando a cabo (cumpliendo) su programa electoral en Burgos en este asunto. Y con él ganó en la ciudad y en el barrio de Gamonal. Lo cual me lleva a una reflexión que ya he hecho en este mismo blog y especialmente en la etapa de mi anterior blog: la RESPONSABILIDAD ciudadana a la hora de votar. Porque, al igual que votar no es, como he señalado, un salvoconducto de impunidad para quien gobierna, tampoco debería serlo en la coherencia de quienes han votado. Llevo dos años oyendo a muchas personas su hartazgo por el gobierno de San Sebastián, pero le votaron en 2011 o, simplemente dejaron de votar otras opciones. A día de hoy es casi imposible encontrar a una persona que confiese haber votado a Rajoy en las últimas Generales, pero ahí lo tenemos con una rocosa mayoría absoluta sobre la que se pasea como una apisonadora a base de Decretos Ley. Y así todo…

Ser ciudadana o ciudadano conlleva derechos y responsabilidades cívicas, entre ellas la del voto. Y si grave es que un Partido Político, un Alcalde o Alcaldesa incumpla su programa electoral (y bien que está pagando el PSOE por ello), no me parece irrelevante que un ciudadano vote una opción política que lleva en su programa una actuación de la que está en contra y luego se lleve las manos a la cabeza. Se dice que en España nadie dimite, nadie asume responsabilidades, y por desgracia es cierto en la mayoría de los casos. Pero esas responsabilidades deben afectar a todos, incluidos a los que eligen a los que toman las decisiones contra las que después se revelan. No deberíamos olvidarlo.